“L” fue violada por un familiar de 48 años, situación de la cual resultó embarazada. Acudió por primera vez a los servicios de salud, en concreto a un hospital general, para solicitar la interrupción del embarazo; de ahí, se le canalizó a un hospital de especialidad.
“L” ingresó al hospital de especialidad, pero el procedimiento no inició. Por ultrasonido, se reveló que la edad gestacional era de 20 semanas. No se avisó a las autoridades del hospital ni de los SESAs.
Se dio alta voluntaria “[...] con nota médica donde se explica que la abuela y la menor se niegan al procedimiento posterior a la explicación de riesgos y complicaciones que pudieran presentarse durante la intervención”. Se agendó cita para control prenatal y atención psicológica.
“L” reiteró su deseo de interrumpir el embarazo; abuela y madre temen posibles consecuencias. Se notificó del caso al DIF municipal.
El DIF intervino en apoyo al interés superior de la menor. La madre acompañó la decisión de la menor.